SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, puso en circulación la memoria de su gestión, correspondiente al período agosto 2006-2011, donde detalla las acciones ejecutadas durante esos cinco años, con énfasis en las áreas que mayor incidencia han tenido en la mejora de los mecanismos de prevención y persecución del delito en República Dominicana.
En sus 296 páginas ilustradas con imágines fotográficas, se resalta el desembolso de RD$1,334,712,669.14 en la instalación de los nuevos modelos de gestión penitenciaria y de fiscalías a nivel nacional, entre otras obras.
El Departamento de Prensa, que dirige Fernando Quiroz, tuvo a su cargo la edición de la nueva publicación que trae detalles de los 13 recintos de reclusión integrados al Modelo de Gestión Penitenciaria, en cuyas infraestructuras la Procuraduría desembolsó RD$1,200 millones. Igualmente, contiene datos referentes a la entrada al nuevo sistema del recinto número 14, el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, levantado en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, y cuyos trabajos estuvieron a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Acompañaron al doctor Jiménez Peña en la presentación de la memoria de su gestión, la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández; los miembros de los consejos Superior y Académico del Ministerio Público; la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán; el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, mayor general Rolando Rosado Mateo. Además de su esposa, licenciada Yanet Blandino de Jiménez.
También estuvieron presentes, el senador por la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro; el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), José Aníbal Sanz Jiminián; fray Arístides Jiménez, coordinador de la Pastoral Penitenciaria; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Samir Chami Isa, coordinador general del movimiento cívico Participación Ciudadana; los empresarios Abraham Selman y Arsenio Ureña, así como Víctor Gómez Bergés.
Además, funcionarios del cuerpo diplomático y agencias de cooperación acreditada en el país, jueces del Poder Judicial, procuradores generales adjuntos y de Cortes, fiscales y fiscalizadores, funcionarios de la Procuraduría, entre otros invitados.
“Orientados por las certeras convicciones democráticas y modernas del presidente Leonel Fernández Reyna, desde la Procuraduría hemos revolucionado la generalidad de las prácticas en el sistema carcelario, en la prevención de los daños al medio ambiente, el fraude energético, la violencia intrafamiliar y de género, el crimen organizado, el maltrato a niños, niñas y adolescentes, entre otros”, dice el doctor Jiménez Peña en su mensaje que sirve de preámbulo a la publicación.
Aclara que en el tiempo que lleva al frente de la institución junto a un “magnífico equipo” se ha trabajado para fortalecer en todos los órdenes la eficacia del Ministerio Público, en la defensa de los derechos ciudadanos y las garantías legales de los procedimientos. “Cinco años de avances y nuevos retos” se titula el mensaje del magistrado Jiménez Peña que resalta además, que para sostener ese esfuerzo han creado todos los mecanismos que autoriza la ley, tendentes a capacitar al personal, especializar la acción pública y avanzar en la prevención, persecución y castigo de los crímenes que atentan contra el disfrute pleno de los derechos sociales, políticos y económicos.
El documento detalla todas las acciones desarrolladas en el referido período en dependencias, como, las escuelas nacionales del Ministerio Público (ENMP) y Penitenciaria (ENAP), Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías, centros de Atención al Ciudadano, Víctimas de Violencia de Género e Integral para Adolescentes, así como Fiscalías Barriales, procuradurías generales para el Sistema Eléctrico y Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A esa lista se agrega también, la Dirección General de Prisiones, el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos, Departamento de Propiedad Intelectual, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la política de transparencia, entre otras. Detalles Procuraduría general adjunta para Asuntos de la MujerA través de esa dependencia, la Procuraduría desembolsó más de RD$240 millones en infraestructuras físicas y equipos para la instalación de 14 unidades de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales que ofrecen servicios legales, sicológicos y preventivos, como organismos especializados en la persecución penal de los agresores. Tiene funcionando esas oficinas en Puerto Plata, Santiago, Bonao, San Juan de la Maguana, La Vega, Baní, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Espaillat, Hermanas Mirabal, Distrito Nacional y Azua.
NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE FISCALÍAS
Se completó la instalación de ese sistema para que los casos figuren en formato digital garantizando la transparencia y eficacia de la investigación, donde se introduce un número único o código de barra que permite a los fiscales manejar el proceso desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia o cualquier acto conclusivo.Las fiscalías que operan bajo esa modalidad son, las de Azua, Neiba, Barahona, Constanza, Dajabón, San Francisco de Macorís, El Seibo, Moca, Hato Mayor, Salcedo, Jimaní, La Vega, Las Matas de Farfán, Nagua, Bonao, Monte Plata, Montecristi, Pedernales, Baní, Puerto Plata, Samaná, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Mao y Villa Altagracia.
CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Cinco centros de esa naturaleza fueron habilitadas en diferentes puntos del país, los cuales están ubicados en el Distrito Nacional, Palacio de Justicia de Santiago, avenida Máximo Gómez casi esquina Bolívar; en Higüey, provincia La Altagracia; en Santo Domingo Este, calle Simón Orozco esquina calle B, entrada de Invivienda, y en Santo Domingo Oeste, calle Isabel Aguiar, esquina Avenida Las Palmas, Centro Comercial Isabel Aguiar, en el sector de Herrera.
Esas oficinas ofrecen servicios de lunes a viernes de 8:15 de la mañana a 4:00 de la tarde, atendiendo requerimientos de la ciudadanía que va en busca de certificaciones de antecedentes penales, rectificación de información penal, incorporación de asociaciones sin fines de lucro, tramitaciones de exequátur para abogados y notarios, entre otros.
ESCUELAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PENITENCIARIA
Dentro de las acciones de la ENMP se destaca la instalación de la Carrera del Ministerio Público con la integración de 766 fiscales, quienes sólo cesarán en sus funciones por la comisión de faltas graves, al alcanzar la edad de 75 años, ante muerte o problemas de salud, renuncia o abandono del cargo.
En ese contexto se puntualiza el trabajo para evaluar a los miembros del Ministerio Público en funciones, desplegando un riguroso proceso de evaluación, habilitando una vía que permitiese aprovechar la experiencia y las capacidades de que disponía el Ministerio Público al momento de dar inicio al proceso de instalación de la Carrera.
La ENAP, como entidad responsable de la capacitación y entrenamiento del equipo de seguridad de los centros de corrección y rehabilitación, ha graduado 1,259 agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) que durante un año reciben las destrezas necesarias para el ejercicio de sus funciones. Trabajan en su formación un total de 26 académicos con especialidad en psicología, psiquiatría, derecho y otras áreas.
Los VTPs cumplen su función en los 14 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Vista al Valle, en San Francisco de Macorís; La Isleta, en Moca; las dos etapas de San Pedro de Macorís; Rafey –Hombres y Rafey-Mujeres, en Santiago; Baní-Mujeres, en la provincia Peravia; Najayo-Mujeres, en San Cristóbal; San Felipe, de Puerto Plata; Haras Nacionales, en Santo Domingo, Higüey, así como los de Mao y Monte Plata.
FISCALÍAS BARRIALES
Con la instalación de esas oficinas en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y La Romana, el Ministerio Público se ha acercado a la población con un servicio personalizado, más rápido y con mayores opciones para la solución de conflictos, sin tener que trasladarse a lugares distantes.
Personal integrado por fiscales adjuntos, psicólogos y médicos legistas trabajan en 28 fiscalías barriales que a la fecha funcionan en el país, siendo alrededor de 10 de ellas inauguradas en los últimos cinco años.
Esas oficinas están ubicadas en los sectores de Gualey, Los Guandules, Cristo Rey, Villas Agrícolas, María Auxiliadora, Villa Consuelo, Ciudad Colonial, Carretera Sánchez y en los ensanches Quisqueya y Capotillo. Otras están instaladas en Villa Juana, Los Ríos, Los Girasoles, Ciudad Universitaria, La Victoria, Villa Duarte, Guerra, Sabana Perdida, Los Rieles, Manoguayabo, Las Caobas, Invivienda, Los Guarícanos, Los Alcarrizos, Villa Mella y en los ensanches Ozama y La Paz.
INACIFE se organismo ha contribuido a frenar las acciones de bandas de falsificadores de títulos de propiedad y otros documentos, con los que estafaban a ciudadanos, afianzando de esta manera la seguridad jurídica en el país.El análisis de documentos es el segundo servicio de mayor demanda en el INACIF, debido a la cantidad de falsificación de títulos, actos de ventas y cheques.
UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTILAVADO DE ACTIVOS
Han incautado bienes muebles e inmuebles por ese delito que superan los RD$3,000 millones. Entre los procesos que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada figura el caso Peravinter, que envuelve bienes incautados por más de RD$55 millones y los acusados están cumpliendo condena en el recinto penitenciario de Baní.
Entre otros casos están, el de los Hermanos Benítez, que con la cooperación de Estados Unidos se obtuvo la homologación de varios inmuebles, vehículos y un helicóptero. Se incluye, además, el del señor Geert Pot, que en cooperación jurídica con el Reino de los Países Bajos, se recuperó diversos muebles e inmuebles, los cuales fueron tasados.
Las autoridades holandesas dieron autorización judicial para homologar, licitar y repatriar esos recursos a favor de los 900 inversionistas víctimas en los Países Bajos, como el caso del ciudadano español, Rubén Ramón Ortega y/o Ricardo Diez Conde, con múltiples proyectos turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia. Esos bienes están incautados por Antilavado.
Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE)Ha levantado 2,234 actas de fraude cometido por clientes en contra de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte (EDENORTE), del Sur (EDESUR) y del Este (EDEESTE), contribuyendo a la recuperación de millones de pesos.
De esos sometimientos ha solicitado 423 medidas de coerción y 1,619 intervenciones con brigadas operativas integradas por un representante del Ministerio Público y de la Superintendencia de Electricidad, un técnico de la empresa distribuidora y tres militares que realizan la función de seguridad.
TRANSPARENCIA
La Procuraduría fue la institución que inauguró, el 16 de febrero de 2006, la primera Oficina de Acceso a la Información Pública, dando, no solamente cumplimiento a la Ley 200-04, sino también implementando un modelo de transparencia que la convirtió en ejemplo dentro de las instituciones públicas, al obtener por cuatro años consecutivos el mayor índice como la institución más transparente del Estado dominicano, de acuerdo al movimiento cívico Participación Ciudadana, que con el estudio busca determinar cuáles entidades del Gobierno cumplen con la aplicación del referido reglamento.
Con sorteos para todas las obras de construcción que ejecuta, ha sido reconocida por el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). A través de su portal www.pgr.gob.do, la ciudadanía puede conocer informaciones de presupuestos, cálculos de recursos y gastos aprobados, desembolsos por cuenta bancaria y cheques, llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados, relación de activos, inventario en almacén, cuentas por pagar a suplidores, lista de funcionarios y empleados, declaraciones juradas de bienes, auditorías independientes, estados de cuentas con sus vencimientos y pagos, leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y normativas de interés ciudadana, entre otros aspectos.
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