ARGENTINA.- Como es de público conocimiento, la semana pasada la Cámara de Diputados de Argentina brindó su aprobación al proyecto de modificación de la actual Ley de Quiebras, que ahora ha pasado al Senado para que, con su sanción, lo convierta en ley. La iniciativa fue sancionada con 198 votos a favor y uno en contra (el del diputado santafesino Carlos Favario, del Partido Demócrata).Con este proyecto, se apunta a que los trabajadores de las empresas quebrantadas tengan un lugar de preferencia entre los acreedores y estén habilitados para adquirirlas y mantenerlas funcionando. En los años ’90 cerraron decenas de fábricas, algunas de ellas mantenidas en actividad por sus trabajadores.
En 2002, cuando el proceso de quiebras se había multiplicado por la crisis y florecían en forma espontánea las empresas recuperadas, el diputado socialista Héctor Polino presentó un proyecto similar que fue cajoneado sin piedad, pese a que más de diez mil familias dependían de la norma. El tema ni siquiera había podido ser discutido durante el gobierno de la Alianza, del que formaba parte también el socialismo.“La propuesta de Polino era recibida en el ambiente político como subversiva”, según lo comentó el diario “Página 12”. Y agrega el artículo periodístico que “resulta increíble que una norma que despertó tanta oposición en el momento en que más se la necesitaba, ahora sea aprobada como si fuera un saludo a la bandera”.
“En el camino – expresa el mencionado diario -- quedaron miles de trabajadores que no pudieron defender sus empresas porque la legislación vieja les negaba ese derecho solamente por una cuestión cultural de clase, con legisladores y empresarios ridículamente obnubilados por la pesadilla de que se pudiera disparar una plaga de ocupaciones o por el temor a que los obreros demostraran eficiencia en un lugar que no les corresponde, en un orden social que visualizan estructurado en castas”.
Luego de tres horas de tratamiento, la Cámara baja votó favorablemente el proyecto que modifica la ley de Concursos y Quiebras respecto a las fábricas recuperadas, que constituye un reclamo histórico de las cooperativas de trabajo para ser reconocidas con los mismos derechos que las empresas. Los palcos colmados de trabajadores de cooperativas victorearon los discursos de todos los diputados.
La media sanción tiene origen en un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo junto con los movimientos de trabajadores de fábricas recuperadas y la Confederación de Cooperativas de Trabajo, que aportaron su experiencia en el tema y se recoge la jurisprudencia que ha ido regulando la actividad de los trabajadores que se hacen cargo de las empresas en proceso concursal o de quiebra, desarrollando un plan de negocios y sosteniendo la fuente de trabajo. Además, se le unificaron iniciativas de otros sectores políticos como el radicalismo, el socialismo y la centroizquierda.
En el inicio del tratamiento, la diputada de Nuevo Encuentro Vilma Ibarra, quien fue la miembro informante de la iniciativa, afirmó que “el proyecto significa un cambio de paradigma en cuanto al valor del capital del trabajo. Recoge la experiencia de las fábricas recuperadas en los últimos años y la jurisprudencia de los jueces comerciales de todo el país”.
Asimismo, en el primer tramo de la sesión, el diputado radical Juan Pedro Tunessi aseveró que los proyectos “tienden a lograr una mayor participación de los trabajadores agrupados bajo la cooperativa de trabajo en los procesos concursales a los efectos de poder continuar con la explotación de la empresa en crisis y a partir de allí conservar l fuente de trabajo”.
Por su parte, el diputado oficialista Héctor Recalde, asesor legal de la CGT, defendió el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional y sostuvo que “esta ley rinde homenaje al himno nacional ‘ved el trono a la noble igualdad’” y afirmó: “En Argentina, ya no hay trabajadores kelpers. Hay igualdad de derechos”, lo que fue aplaudido por los trabajadores de empresas recuperadas ubicados en los palcos.
Asimismo, la diputada socialista Mónica Fein destacó “la postura que siempre ha mantenido el Socialismo, histórico defensor del derecho de los trabajadores a la conservación de sus fuentes de trabajo” y recordó: “Hemos impulsando proyectos para que, reunidos en cooperativas, puedan lograr el salvataje de las empresas en cesación de pagos”.
LAS MODIFICACIONES
Las modificaciones, según el proyecto que envió el Gobierno nacional en 2010, son el inciso 1º del articulo 48º, de los artículos 129 (suspensión de intereses); 187 (propuestas y condiciones del contrato), primer párrafo del artículo 189 (continuación inmediata), 190 (tramite común para todos los procesos), 191 (autorización para continuar con la actividad de la empresa), 192 (régimen aplicable), 195 (hipoteca y prenda), incorporación de último párrafo al artículo 196 y al artículo 197; sustitución del articulo 199 (obligaciones laborales del adquirente de la empresa); incorporación del artículo 203 bis; sustitución de los artículos 205 (enajenación de la empresa); y 213 (venta directa).
Los puntos más importantes del dictamen de mayoría son:
- Otorgar prioridad a los trabajadores para que adquieran la empresa en quiebra con sus créditos laborales, los que serán calculados conforme la indemnización completa que se establece en el Régimen de Contrato de Trabajo.
- Deroga la suspensión de los intereses compensatorios que devengan los créditos laborales, para que los trabajadores no sean la variable de ajuste en los procesos concursales, tal como lo establece la ley vigente.
- Posibilitar que los trabajadores se hagan cargo de la empresa antes de llegar a la quiebra utilizando sus créditos laborales, evitando el cierre de la misma y asegurando la fuente de trabajo.
- Suprimir la suspensión de los Convenios Colectivos de trabajo que estableció la reforma de los años 90.
- Garantizar el acceso a la información de los trabajadores en todo el proceso, aún en el concurso preventivo.
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