SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, opinó este jueves que la Suprema Corte de Justicia debería abstenerse de conocer la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los doctores Manuel Labourt, Miniato Coradín y Guillermo Antonio Soto Rosario en fecha 27 de julio del presente año, contra la ley que limita a 75 años la edad máxima para ser miembro del Tribunal Constitucional.
El magistrado Jiménez emitió su opinión a través de la comunicación número 04643, dirigida al presidente y los demás jueces que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde sugiere a los miembros de ese organismo, que le permitan conocer dicha acción al Tribunal Constitucional, cuyo proceso de designación ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura. En la comunicación, el procurador se refiere a la acción directa en inconstitucionalidad contra el numeral 5 del artículo 13 de la Ley 137-11, modificada por la Ley 145-11.
“Aunque estamos contestes con el dictamen de nuestra procuradora general adjunta, doctora Casilda Báez Acosta, somos de opinión que por razones de prudencia y oportunidad, la Suprema Corte de Justicia debería abstenerse de conocer directamente dicha acción, permitiendo que sea el Tribunal Constitucional, cuyo proceso de designación ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura, el que conozca y resuelva este asunto”, expresa el magistrado Jiménez Peña en la correspondencia dirigida a los jueces del alto tribunal.
A seguidas, dijo, que de ese modo se evitaría cualquier tipo de cuestionamiento que legítimamente pudiera surgir como consecuencia de la decisión que adopte la actual Suprema Corte de Justicia, cuyas atribuciones como Tribunal Constitucional están a punto de concluir.
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